Según la imputación del fiscal Walter Melo, Ovando Espínola, en el año 2023 en su carácter de Intendente Municipal de San Estanislao, habría realizado ciertas maniobras en su administración, como dejar de aplicar los fondos de inversión sobre los impuestos inmobiliarios e impuesto de patente de rodados, monto total de G 126.511.197; habría utilizado un crédito de G 700.000.000 correspondiente a una ampliación presupuestaria en el año 2023 a otros gastos correspondientes a jornales por G 244.503.333, y otros gastos por G 116.070.168, totalizando la suma de G 360.573.501; tampoco habría habilitado la cuenta bancaria especial para la creación del Fondo Especial para la pavimentación y obras complementarias por un total de G 155.891.197.

Así mismo el Balance General Anual correspondiente al Ejercicio 2023, reveló que el jefe comunal habría omitido registrar el pasivo de Obligaciones Pendientes de Pago de dicha institución, también habría omitido dar cumplimiento a la Ley Nº 496 Orgánica Municipal Departamental, Art. 37º conforme a que los fondos provenientes de Aporte a Municipalidades de menores recursos serán destinados preferentemente a obras de inversión y bienes de capital, aplicándose en su totalidad a gastos corrientes por un total de G 584.170.302, por último también se refleja una diferencia entre los Ingresos Corrientes se ha recaudado un total de G 7.989.072.608, sin embargo habría aplicado en concepto de Gastos Corrientes un total de G 8.612.168.425 reflejando en el total de montos obligados y pagados efectivamente, generando una diferencia cuyo origen no está reflejado en la ejecución presupuestaria, por un valor de G 623.095.817.

Toda esta conducta que habría desplegado causó un perjuicio patrimonial de G 1.850.242.014 a la Municipalidad de San Estanislao.

La denuncia que dio origen a la imputación alertó que el Intendente de la ciudad San Estanislao utilizó en forma irregular, parte del fondo de un préstamo bancario, que obliga a la Municipalidad a retornar el capital más el costo financiero, que debía ser aplicado para el pago de Rubros específicos conforme a la ley del presupuesto General de Gastos de la Nación año 2023 y a la autorización de la Junta Municipal, en rubros que no estaban permitidos ni autorizados, desviando del objetivo para el cual fue solicitado y aprobado, afectando directamente el monto del préstamo autorizado. 

El fiscal Melo solicitó la aplicación del arresto domiciliario para el imputado y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación.

El Observador