La causa se originó a raíz de un operativo efectuado frente a la Escuela General José Elizardo Aquino, ubicada en el centro de la ciudad de Luque, donde agentes intervinientes detectaron una situación que derivó en la apertura de una investigación penal. Conforme a los antecedentes del caso, Canatta tendría vínculos con un movimiento político local y habría sido sorprendido en circunstancias que motivaron la intervención policial y fiscal.

Durante el procedimiento fueron incautados Gs. 10.000.000 en efectivo, suma que quedó bajo custodia de las autoridades como elemento de evidencia para la investigación. Según la hipótesis inicial del Ministerio Público, el influencer habría ingresado a un local de votación y realizado manifestaciones que podrían ser interpretadas como una instigación a la compra de votos, conducta que actualmente es objeto de análisis por parte de la Fiscalía.

La fiscal Galeano explicó que el hecho atribuido preliminarmente a Canatta no es el soborno al elector en forma directa, sino la presunta incitación a cometer hechos punibles, figura contemplada en el Código Penal. Según indicó, la conducta investigada estaría relacionada con una eventual instigación al delito de soborno al elector, previsto en el art. 280 del Código Penal, cuya expectativa de pena puede alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.

“Él acaba de terminar de prestar declaración indagatoria y en estos momentos estoy analizando una posible imputación”, señaló inicialmente la representante del Ministerio Público, agregando que la conducta bajo estudio consiste en una supuesta incitación a la comisión de hechos punibles vinculados al proceso electoral. La fiscal sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento incluyen videos difundidos en redes sociales, evidencias incautadas durante el procedimiento y otras diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público.

Respecto a las eventuales medidas cautelares, Galeano manifestó que, en caso de prosperar la imputación, considera que podrían aplicarse medidas menos gravosas que la prisión preventiva. “Podría ser una medida cautelar no tan gravosa, teniendo en cuenta que estamos ante un delito y que tampoco existiría peligro de fuga”, expresó. Entre las alternativas mencionó la obligación de comparecencia periódica ante las autoridades judiciales, mecanismo destinado a garantizar el sometimiento del imputado al proceso penal.

La fiscal confirmó igualmente que Josefina González de Canatta, madre del influencer, quedó sometida a una investigación penal por un supuesto hecho de quebrantamiento del depósito. Según la versión expuesta por la representante fiscal, la mujer habría ingresado a dependencias de la Comisaría Tercera y retirado elementos que se encontraban bajo custodia policial y a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, entre los objetos involucrados figurarían dinero en efectivo y un teléfono celular que habían sido incautados durante el procedimiento realizado el día de los comicios. “La conducta desplegada por ella consistió en ingresar y apoderarse de evidencias que estaban en la comisaría a disposición del Ministerio Público”, afirmó Galeano al referirse al hecho investigado.

La agente sostuvo que las conductas investigadas deben ser examinadas con especial rigurosidad debido a que ocurrieron en el marco de un proceso electoral y podrían tener incidencia sobre la libertad del sufragio. Según explicó, Canatta habría acudido al local de votación acompañando a un candidato con quien tendría vínculos familiares y, conforme a los elementos recabados, habría participado en la difusión de contenidos audiovisuales relacionados con dicha candidatura.

Asimismo, señaló que el influencer no contaba con su cédula de identidad al momento del procedimiento, circunstancia que, según indicó, demostraría que no tenía previsto ejercer su derecho al voto en ese lugar. “Uno no puede irse a un local de votación, presentarse con un candidato, hacer un video al lado de un candidato, solicitar el voto para él y mostrar sumas de dinero dando a entender que se pagaría por el voto”, expresó la fiscal.

El Ministerio Público continúa desarrollando diligencias para determinar con precisión las circunstancias de los hechos y establecer si existen elementos suficientes para sostener las imputaciones formuladas. Entre las evidencias bajo análisis figuran registros audiovisuales difundidos en plataformas digitales, testimonios, actas policiales y los objetos incautados durante el procedimiento.

Tanto Franccesco Canatta González como su madre permanecen sometidos al proceso penal, mientras la Fiscalía avanza en la recopilación y valoración de pruebas para determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran surgir de los hechos investigados.