La denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), tras detectar pólizas de seguro presuntamente falsas.

Según la investigación, los documentos fueron remitidos en agosto de 2024 para avalar el cumplimiento del contrato, pero las aseguradoras negaron haberlos emitido. Ante esto, la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salida del país y comparecencias regulares ante el tribunal.

La Procuraduría y CONAJZAR ratificaron su compromiso de erradicar irregularidades en el sector, garantizando transparencia en las concesiones estatales.