Además, encontraron recibos de dinero expedidos a empresas que formarían parte de la “mafia de pagarés” por montos muy elevados, que en algunos casos superarían G. 100 millones, según fuentes. Los agentes del Ministerio Público que ejecutaron la diligencia se negaron a confirmar estos datos, alegando que van a continuar con la investigación y que proporcionar detalles del caso podría entorpecer las averiguaciones.

De acuerdo a las fuentes, las notificaciones, sin fecha, ni número, se encontraron en cajones debajo de la parrilla de departamento que fue allanado. Los documentos fueron llevados por la comitiva fiscal que estuvo a cargo del procedimiento.

Las fuentes también indicaron que durante la diligencia se encontraron e incautaron cientos de recibos de dinero, que la ujier dio a las empresas que impulsaron las demandas ante el juzgado de paz. Se supo que los montos, en algunos casos, superarían los G. 100 millones, lo cual llamó la atención a los investigadores.

Sin embargo, ni Arce, ni Bobadilla quisieron referirse a este punto, ni brindar mayores detalles sobre los documentos que fueron incautados.

El caso compromete seriamente al juez de paz, Víctor Rodríguez, que salió de garante a la ujier, para que la misma alquile el departamento.

El Observador