Este documento, robustece la imputación que presentó el jueves pasado el fiscal, José Alberto Godoy Blanco, por presunto cobro indebido de honorarios contra el mencionado funcionario, que, como tal, tiene una expresa prohibición legal. Pese a ello, según una denuncia, entre el 2020 y 2021, percibió la suma de US$ 30 mil dólares por su intervención en una sucesión por parte de los herederos.

Según el informe del Director General de Asesoría Jurídica de la H. Cámara de Diputados,  Bogarín es funcionario permanente de esta Honorable Cámara de Diputados, con una antigüedad de 25 años ─ingresó como personal contratado el 01/06/1999 y fue nombrado un año después─; sin embargo a la fecha del informe (29 de abril), el citado funcionario no ocupaba cargo alguno en esta Institución, según informe de la Dirección General de Recursos Humanos. 

De igual manera informó que no consta en los registros de la Institución autorización expresa o acto administrativo que lo habilite para ejercer la profesión de Abogado, de conformidad a lo establecido en el Código de Organización Judicial. 

Bogarín había sido destituido del cargo de Director General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de Diputados el 18 de diciembre del 2024, a raíz de su imputación por los hechos de estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos, por su presunta participación en un esquema que habría estafado a colonos de Río Verde, a través de una venta fraudulenta de tierras. 

Días después, el 23 de ese mismo mes, fue suspendido sin goce de sueldo, medida que fue levantada el 03 de abril de este año. 

Según la imputación, la Fiscalía tomó conocimiento del hecho a raíz de una denuncia presentada por las abogadas Gessy Ruiz Díaz y Bilfia Aria, en representación de David Friessen, ante la Oficina de Denuncias Penales. El hecho denunciado guarda relación con un presunto cobro indebido de honorarios que habría ocurrido de forma continuada entre los años 2018 y 2024, y que tendría como supuesto autor al funcionario Willian Roberto Bogarín Campuzano.

De acuerdo con los antecedentes, el 19 de octubre de 2018, en Asunción, Bogarín Campuzano habría otorgado un poder especial para representar a los herederos de David Friessen Peters en un juicio sucesorio tramitado ante el Juzgado Civil de Primera Instancia de Santa Rosa del Aguaray, bajo el expediente N.º 308/2018. Posteriormente, el 27 de diciembre del mismo año, presentó el escrito de inicio del proceso sucesorio, actuando como abogado litigante, pese a que tenía una prohibición legal para ejercer la profesión por su condición de funcionario público permanente de la Cámara de Diputados, con el cargo de director.

En el marco de dicha intervención, el 15 de noviembre de 2021 y el 15 de septiembre de 2022, el procesado habría percibido sumas de USD 10.000 y USD 20.000, respectivamente, en concepto de honorarios profesionales abonados por los herederos. También habría ejercido como abogado litigante en otros casos, percibiendo pagos por servicios profesionales, pese a estar legalmente inhabilitado para hacerlo.

La Fiscalía sostiene que, en principio, los hechos descritos podrían encuadrarse en el tipo penal de cobro indebido de honorarios, previsto en el artículo 313, inciso 1º, en concordancia con el artículo 29, inciso 1 del Código Penal.

El Observador