Se trata del argentino Néstor Ariel Palma Bustamante, de 43 años, acusado por hechos tipificados como robo agravado con resultado de muerte en calidad de cómplice, asociación criminal y producción y uso de documentos no auténticos, en calidad de autor; y el suboficial naval Alcides Acosta Maidana, de 34 años, acusado por hechos punibles de asociación criminal en carácter de autor y robo agravado con resultado de muerte en calidad de cómplice. El militar se desempeñaba como jefe del destacamento de la Armada en el lago de Itaipu, en el Área 6 de Hernandarias, y habría facilitado la huida de parte del grupo criminal que mató al suboficial de Policía Sabino Ramón Benítez, para luego explosionar el interior de la empresa para apoderarse de malotes y robar 11.720.255 dólares americanos en la madrugada del 24 de abril de 2017.

En los antecedentes del caso, los fiscales Vanesa Candia y Adolfo Víctor Santander, encargados de las investigaciones, allanaron la vivienda del primero de los acusados, sito en el barrio San José, de donde se incautaron de numerosas evidencias, consistentes en cartuchos calibre 762, 5.56 y calibre 50, además de chalecos tácticos y antibalas, pasamontañas, uniformes tipo militar, cajas de clavos “miguelito” y otros objetos relacionados al caso. También habría falsificado un contrato de alquiler por el que Sugar Inmobiliaria, alquilaba la vivienda a Carlos Fabián Villalba y Sixto López Cristaldo.

La investigación concluyó que, al momento de confeccionarse el presunto contrato, Villalba se encontraba en la capital argentina para un tratamiento médico y López Cristaldo estaba recluido en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, descartando definitivamente la teoría presentada por Palma Bustamente. De igual modo, la Fiscalía tiene probada la participación del marino acusado, dado que sin su autorización, la banda criminal no pudo haber escapado por las aguas del lago de Itaipu.

El juicio tendría una duración de entre cuatro y seis meses, según la expectativa de los agentes fiscales acusadores. Al cabo de sus alegatos finales, pedirán la pena máxima establecida en el código para los dos presuntos criminales. Otros 14 procesados siguen en rebeldía en la misma causa.