La iniciativa ingresó a través de la Mesa de Entrada de la Cámara Baja y plantea que el máximo tribunal adopte una decisión respecto de la matrícula profesional N.º 59.690, correspondiente a Rivas. El planteamiento surge inmediatamente después de la sentencia que recibió el exlegislador por el caso relacionado con su título de abogado.

Rivas fue condenado el jueves a ocho años de cárcel por producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Se trata todavía de una resolución de primera instancia y, por tanto, susceptible de los recursos previstos dentro del proceso penal.

El caso adquirió especial trascendencia institucional debido a que Rivas utilizó su condición de abogado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, organismo para cuyo ejercicio se exige contar con formación jurídica. El exlegislador llegó además a presidir el JEM.

Benítez sostiene que la resolución judicial incorpora nuevos elementos que justifican que la Corte vuelva a analizar la permanencia de Rivas dentro del registro profesional de abogados.

En la fundamentación de la propuesta se argumenta que, a partir de lo establecido judicialmente respecto del título que sirvió de sustento para la matriculación, corresponde solicitar que la inscripción profesional sea dejada sin efecto. El documento plantea que la medida apunta a proteger la legalidad, la fe pública y el correcto ejercicio de la profesión.

El proyecto presentado por Benítez contiene dos artículos. Su punto central consiste en exhortar formalmente a la Corte Suprema a disponer la cancelación "definitiva e irrevocable" de la matrícula profesional de Hernán David Rivas Román.

No es la primera vez que desde la Cámara de Diputados se impulsa un pronunciamiento de estas características. Los legisladores ya habían aprobado anteriormente un pedido dirigido a la Corte para que se adopte una decisión sobre la matrícula de Rivas.

La diferencia ahora radica en la existencia de una sentencia penal de primera instancia. Ante este nuevo escenario y teniendo en cuenta que la Corte todavía no resolvió el planteamiento anterior, Benítez decidió impulsar una nueva declaración para reiterar el pedido.

El diputado fue además uno de los legisladores que desde etapas anteriores cuestionaron públicamente la condición profesional de Rivas y plantearon dudas sobre la documentación con la que este acreditaba ser abogado.

La situación de la matrícula constituye ahora una de las consecuencias institucionales que comienzan a discutirse después de la sentencia. Paralelamente, también se abrió el debate sobre las actuaciones de Rivas durante su paso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aunque referentes del propio organismo han señalado que la condena no genera por sí sola la nulidad automática de las decisiones en las que intervino.

La Cámara de Diputados tiene prevista una nueva sesión para el martes. Debido a la reciente presentación del proyecto, existe la posibilidad de que el pedido sea planteado para su tratamiento sobre tablas.

La decisión final sobre una eventual cancelación de la matrícula, sin embargo, corresponde a la Corte Suprema de Justicia. El proyecto legislativo constituye un exhorto y no tiene por sí mismo capacidad para retirar la habilitación profesional de Rivas.