Con la acción, la jefa municipal también solicitó que como medida cautelar se suspendan los efectos del artículo 257 del Código Electoral Paraguayo, ya que, sostiene, equipara un mandato municipal ejercido para completar un período vacante por renuncia del Intendente titular, con un período constitucional completo.

La medida cautelar solicitada es a efectos de ser habilitada provisoriamente para la inscripción como precandidata y candidata, tanto en las elecciones internas partidarias (ANR) como ante la Justicia Electoral (TSJE).

La misma fue electa intendenta de forma extraordinaria el 25 de marzo de 2018, tras la renuncia del Intendente titular durante el segundo año del periodo 2015-2020. Corvalán señala que dicha elección tuvo como única finalidad completar el mandato vacante, sin que pudiera considerarse como el inicio de un periodo constitucional pleno.

Según el escrito, mediante una interpretación «extensiva e irrazonable» del artículo 257, se pretende computar el mandato extraordinario iniciado en 2018 como si fuera un primer periodo constitucional, impidiéndole postularse nuevamente pese a no haber ejercido dos períodos.

Corvalán está acusada y con pedido para afrontar juicio oral y público, en una causa que guarda relación con un supuesto desvío de fondos públicos por más de G. 1.100 millones, en tiempos en que su esposo, el diputado Esteban Samaniego (ANR), se desempeñaba como intendente.

Respecto a la acusación, las investigaciones señalan que este dinero fue invertido en la construcción de la vivienda de la familia Samaniego-Corvalán, de dos plantas y 306 m², ubicada en la calle Padre Casanello y Pampa Grande, del barrio San Vicente de Asunción. El terreno pertenece a la madre del diputado, Blanca Álvarez, viuda de Samaniego, también acusada en esta causa.