Según el escrito, solicitó permiso del día 01 al 10 de febrero del presente año. “Este pedido obedece a que pesa sobre nosotros la medida cautelar de prohibición de salir del país, sin autorización del Juzgado”. El pedido también fue hecho por el acusado Damián Dejesus Galarza Dardano.

“Durante todo el proceso hemos cumplido estrictamente las medidas cautelares que se nos ha impuesto, demostrando nuestra plena voluntad de someternos al proceso, existiendo cauciones suficientes que aseguran nuestra presencia en el proceso”, expresa el pedido. 

Agregaron que “las medidas cautelares personales tienen por finalidad asegurar la sujeción de los imputados al proceso, y por tanto no pueden ser aplicadas o mantenidas contrariando esa finalidad”.

La audiencia preliminar fue fijada para el 13 de febrero. Se espera que la fiscal Belinda Bobadilla responda a este pedido para que el magistrado tome una decisión. 

Según la acusación, el diputado Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, entre el 2010 y 2018, se asociaron a otras personas para conformar un esquema y desviar dinero de la comuna, cuando el primero era intendente. 

El monto de G. 1.108.599.918, obtenido en forma indebida, fue invertido para construir una vivienda en el barrio San Vicente, de Asunción. La factura por G. 563.016.918 fue emitida a nombre de la empresa de maletín BH Service, del acusado Andrés Arrúa y G. 545.583.000 a nombre de CX Construcciones. Esto a pedido del matrimonio para no dejar rastros de la operación. El legislador se valió de su madre, quien suscribió las gestiones ante la municipalidad de Asunción, con el fin de ocultar la edificación. Esto afirma el fiscal Silvio Corbeta en la acusación contra Corvalán y otros.

El Observador