Según Ramírez, en solo nueve operaciones irregulares detectadas en dos días, se comprobó un perjuicio económico de 75 millones de guaraníes, lo que calificó como un hecho delictivo.

El interventor sostuvo que este hallazgo corresponde únicamente al rubro de impuestos inmobiliarios, pero advirtió que el mismo patrón podría repetirse en otros tipos de cobros municipales.