La Fiscalía detalló en un comunicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que investiga los presuntos delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. La tesis fiscal señala que los funcionarios y otros involucrados habrían filtrado información a Gorriti, director del portal de noticias IDL-Reporteros.

Vela se deslindó de los cargos en su contra.

“El Ministerio Público se presta para iniciar una investigación en nuestra contra y, peor aún, contra el periodismo de investigación (…) Es una situación muy preocupante que incluso se usen las redes sociales de la institución para respaldar la decisión tomada, lo que da a entender que la Fiscalía de la Nación avala está disposición”, dijo a CNN.

Por su parte, la periodista Janet Talavera, también incluida en la investigación preliminar, señaló a CNN que no ha sido notificada formalmente y que por eso no puede formular comentarios sobre el tema.

Este caso se inició como una derivación de las declaraciones de Jaime Villanueva, que fue asesor de la fiscal nacional Patricia Benavides, y que es testigo en una investigación que llevó a la suspensión de esta funcionaria.

Secreto periodístico

IDL Reporteros reportó este jueves que, entre las disposiciones solicitadas al juez por la Fiscalía, figura el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Gorriti.

“La decisión del fiscal Chinchay, que vulnera el derecho de los periodistas a la reserva de fuente, da un plazo de cinco días para que Gorriti entregue la información del número telefónico que ha usado entre 2016 y 2021”, indicó.

La página de noticias señaló que esto “constituye un grave atentado a la libertad de expresión”, y que la Fiscalía “criminaliza y ataca al periodismo de investigación”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó también este viernes, en un mensaje en X, su preocupación por el impacto de la indagación contra Gorriti sobre el periodismo de investigación en Perú.

En su comunicado, el Ministerio Público enfatizó que los investigados están protegidos bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.

“Investigar no significa criminalizar a nadie, ni siquiera al investigado”, dijo.

Agregó que si una persona investigada considera a su labor importante para la sociedad, la verdad o la justicia, ello no lo hace inmune a una investigación, y que vincular esto a un intento de perjudicar la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión “es una mera especulación que no tiene ningún fundamento”.