La intervención se realizó tras una investigación previa que permitió localizar el sitio donde las aves eran mantenidas en condiciones precarias.

El procedimiento contó con la participación conjunta del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Batallón de Inteligencia Militar, la Policía Nacional e INTERPOL, lo que refleja la importancia del trabajo coordinado entre instituciones nacionales e internacionales para enfrentar este tipo de delitos. Gracias a esta acción también se logró la detención de un sospechoso, cuyo rol en la red de tráfico será investigado por el Ministerio Público.

Entre los ejemplares recuperados se confirmó la presencia de un guacamayo azul y dos guacamayos rojos, aves catalogadas como especies en peligro y altamente codiciadas en el mercado ilegal. Las demás aves rescatadas se encuentran en proceso de identificación por parte de especialistas en fauna silvestre, quienes verificarán su estado de salud y origen.

Las autoridades informaron que los equipos informáticos incautados en el lugar serán sometidos a pericias técnicas para identificar posibles compradores, contactos internacionales y rutas utilizadas por los traficantes. Esta evidencia permitirá fortalecer la acusación contra los responsables y desmantelar la estructura delictiva detrás del caso.

Los 23 pichones fueron trasladados a un centro especializado, donde recibirán atención veterinaria y alimentación adecuada para garantizar su recuperación y posterior reinserción en su hábitat natural. Las instituciones involucradas señalaron que estas aves requieren cuidados intensivos debido a su temprana edad y al estrés sufrido durante su cautiverio.

Este procedimiento se enmarca en la Estrategia Nacional de Combate al Tráfico de Fauna Silvestre, impulsada por el Ministerio Público y el Gobierno Nacional, que busca reforzar las acciones contra los delitos ambientales y proteger la biodiversidad del Paraguay. Las autoridades recordaron que el tráfico de especies silvestres no solo pone en riesgo la fauna nativa, sino que también constituye un delito sancionado con penas severas.

La fiscal Elvia Chávez destacó que estos operativos continuarán y pidió a la ciudadanía denunciar casos de tráfico de animales silvestres para facilitar la actuación de las instituciones competentes. “El trabajo articulado permite resultados concretos y demuestra que el Estado paraguayo está decidido a combatir estas prácticas que atentan contra nuestro patrimonio natural”, afirmó.