El concejal Carlos Riquelme manifestó que, si se pretende desalojar a otros ocupantes del lugar, lastimosamente esa medida también alcanzaría a su ahijado Ramón Ariste, quien igualmente debería abandonar el predio.

Ediles remarcaron que Ariste es funcionario público asalariado y cuestionaron que viva gratuitamente en dependencias estatales financiadas con recursos de la ciudadanía.

Asimismo, recordaron que la casa legislativa fue creada para uso institucional de los concejales departamentales y no para servir como residencia de terceros, destacando que ni la ley ni el reglamento interno contemplan ese privilegio.

La denuncia reavivó el debate sobre presuntos privilegios y uso indebido de bienes públicos dentro de la Junta Departamental.