El Dr. Manuel Ramírez Candia expuso que las publicaciones son elocuentes “en el sentido que da cuenta de un supuesto blanqueo, también hace referencia a la ratificación de la Fiscalía, a la desestimación de la denuncia, la oposición del Juzgado Penal de Garantía en relación a esa desestimación entre otras cosas, también la preocupación de la Contraloría General de la República, que había señalado la existencia de pérdida patrimonial de 1,6 millones de guaraníes”. 

Agregó que se dan los elementos para el inicio de una investigación oficiosa, “como en este caso tiene que ser un hecho notorio; la notoriedad en este caso surge de la cantidad de publicaciones en los diferentes medios de prensa, también el interés social, por supuesto que existe porque se trata del dinero público, del supuesto mal uso del dinero público, y la gravedad del hecho por varias razones, primero, porque se trata de dinero público que se debería de destinar a la atención a la salud fundamentalmente y también el monto o la cuantía del supuesto daño”.

La presente causa tuvo su inicio como consecuencia del Reporte CGR n° 53/2023 en el cual se menciona un supuesto perjuicio patrimonial de G 1.630.414.082.023 durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, durante la presidencia de Vicente Bataglia. 

En el marco de las investigaciones, el el Ministerio Público realizó un Informe Técnico Contable en el cual concluyeron que no han detectado un perjuicio patrimonial tal y como indica el reporte de los auditores de la CGR.

El juez Humberto Otazú se había opuesto a la desestimación y corrió traslado a Fiscalía General, pero al ratificarse la desestimación, no tuvo otra opción más que hacer lugar al pedido.

El Observador