Ambas mujeres nunca pisaron la cárcel y compurgaron su pena en arresto domiciliario.

La jueza de Ejecución, Luz Rosanna Bogarín, el 24 de octubre pasado, ordenó la libertad de las mismas. Mientras la ciudadanía exige castigo ejemplar para los implicados en delitos de “cuello blanco”, algunos jueces y fiscales se prestan a la maniobra para que los “peces gordos” nunca pisen la cárcel. La gente critica y con razón a los operadores de justicia.

La jueza de Ejecución, Luz Rosanna Bogarín, el 24 de octubre pasado, ordenó la libertad de Ferreira y Samudio, quienes lograron eludir la penitenciaría gracias al arresto en sus respectivas casas, que la justicia les impuso en julio de 2020, con acuerdo de la Fiscalía.

La jueza explicó que el 9 de octubre de 2025, la secretaría de la Sala Penal de la Corte informó que no hay recurso contra la resolución de la Cámara que confirmó la condena dictada en un juicio oral y público. También hace referencia a una acción de inconstitucionalidad.

Al hacer una revisión de los expedientes, la magistrada encontró que el 22 de julio de 2020, se le había concedido el arresto domiciliario a ambas condenadas y la medida fue mantenida por el Tribunal de Sentencia que condenó.

La jueza encontró que el 22 de julio del año pasado, las condenadas ya habían compurgada su pena, “cuando estos autos aún se encontraban ante el sentenciador, siendo recepcionado en Secretaría de este Juzgado en fecha 24 de octubre de 2025”.

En consecuencia, la jueza concluyó que el 22 de julio del 2024, ambas condenadas ya compurgaron su pena de cuatro años de cárcel y en consecuencia ordenó la libertad inmediata de las dos mujeres.

Patricia Ferreira y Nidia Godoy nunca pisaron la cárcel, la condena la compurgaron en su casa y esto no es ninguna casualidad. El Poder Judicial y el Ministerio Público actúan de esta manera complaciente, cuando los procesados o condenados, son gente con poder político o económico.

Es una verdadera vergüenza que la gente implicada en “delitos de cuello blanco” no pisen la penitenciaría o si son remitidos son ubicados en pabellones vip.

Esta lamentable situación, que irrita a la ciudadanía, tendría que se revisada por la Corte y en especial la Sala Penal de la máxima instancia judicial, para que los condenados cumplan efectivamente su pena. De lo contrario, la ciudadanía considera una cuasi impunidad.