En el documento, el magistrado plantea además ser oído por el pleno de la máxima instancia judicial y pide que se analice el fondo de los recursos planteados en su causa. La presentación también fue remitida a otros ministros de la Corte, así como a distintas instituciones, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

En su escrito, Yuruhan Díaz formula fuertes cuestionamientos al desarrollo del proceso en su contra y sostiene que se han cometido irregularidades que afectan garantías como el debido proceso y la imparcialidad judicial. Asimismo, afirma que la causa ha sido tramitada con una celeridad inusual en comparación con otros expedientes, lo que, según su versión, justificaría la necesidad de una revisión exhaustiva.

El juez suspendido también reitera acusaciones contra el ministro de la Corte César Garay Zucolillo, a quien atribuye una supuesta persecución en su contra. En ese sentido, sostiene que las decisiones adoptadas en su caso responden a una intervención indebida y solicita que la auditoría permita esclarecer estas circunstancias.

En uno de los pasajes de la nota, el magistrado expresa: “solicito a Usted Señor Ministro audite el expediente […] de no ser así, simplemente deberé cumplir lo que me imponga mi perseguidor”, en referencia directa a Garay Zucolillo. Estas afirmaciones forman parte de una serie de críticas al funcionamiento de la circunscripción judicial de Boquerón y al tratamiento que ha recibido su causa.

Finalmente, Yuruhan Díaz insiste en que la intervención de la Corte Suprema resulta necesaria para garantizar la transparencia del proceso y evitar un eventual daño institucional. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una respuesta oficial por parte de la Corte respecto a este pedido.