Durante una entrevista, la magistrada explicó que la suspensión de una reciente audiencia obedeció a que la penitenciaría no remitió la información requerida por el juzgado. Aseguró que este tipo de contratiempos “es un clásico”, particularmente cuando se trata de personas procesadas por hechos de alta complejidad.

Recordó que los casos asignados al Fuero Especializado requieren un tratamiento diferenciado por razones de seguridad, lo que implica evitar el traslado de los internos al juzgado y realizar las diligencias por vía telemática. Sin embargo, indicó que estas previsiones suelen verse frustradas por la falta de adecuación operativa en los centros penitenciarios, cuya colaboración resulta indispensable. “Dependemos en un 99% de la voluntad de la autoridad penitenciaria”, señaló.

La magistrada manifestó que esta situación genera demoras que no se originan en las partes ni en el órgano jurisdiccional, sino en un “cuarto actor” del sistema, las penitenciarías. Explicó que la imposibilidad de realizar una audiencia implica su suspensión y reprogramación automática, lo que contribuye a la dilación procesal en expedientes sensibles.

Consultada sobre los recientes roces entre juzgados y autoridades del Ministerio de Justicia, Sánchez fue categórica; “Las órdenes judiciales se cumplen, sí o sí. No se discuten en instancias administrativas”. Agregó que, si existe disconformidad con una resolución, el camino apropiado es recurrir mediante exhortos jurisdiccionales, pero nunca desobedecer un mandato judicial.

Asimismo, cuestionó el nivel de preparación de ciertos funcionarios penitenciarios, considerando que el desconocimiento de la normativa podría explicar algunos incumplimientos. “Debemos preguntarnos si estamos frente a personas idóneas, aptas y respetuosas de la ley, o ante analfabetos funcionales en materia jurídica”, expresó.

La juez enfatizó que el perfil del funcionario penitenciario exige altos estándares profesionales y éticos, incluida la integridad, la capacidad técnica y un firme respeto por la ley. Según afirmó, fortalecer estas áreas es imprescindible para mejorar la coordinación institucional y garantizar la eficacia del sistema de justicia.