El magistrado deberá realizar la audiencia y resolver si eleva o no a juicio oral la causa. Cabe recordar que la Cámara de Apelación había anulado la resolución que en principio admitió la acusación y elevó el caso a juicio.

La ex magistrada fue procesada tras otorgar más de 310 mil hectáreas en el Chaco a empresas de maletín, pese a que las tierras estaban dentro de la zona de seguridad fronteriza.

Según la acusación, Irún «tergiversó y violó el derecho» al dictar dicho fallo y revela que lo resolvió sin tener probatoriamente descartado que las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom investments Limited y Firstar Investments Limited tenían socios o representantes legales oriundos de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables.