Se enfatiza que Ferreira, ha “construido una reputación de honestidad y trabajo en sus largos años de servidor público, razón por la cual insistimos en el pedido de que se respete escrupulosamente su dignidad y buen nombre a lo largo de todo procedimiento”.

El Abg. Emilio Camacho, solicitó intervención para representar al juez de Paz de Benjamín Aceval, Roberto Ferreira, en la causa caratulada “Porfirio Giménez s/Estafa”, que investiga la presunta estafa a clientes de la firma Matías Automotores, con la supuesta complicidad del magistrado.

A través de un escrito presentado al fiscal Eugenio Ocampos, Camacho asegura que su cliente “ofrece su total colaboración para la investigación” y a la vez recuerda que está vigente el Art. 255 de la Constitución Nacional, que establece el régimen de inmunidades de magistrados judiciales, según la presentación.

Sin embargo, el artículo 225 de la Constitución dice que los que tienen inmunidad son: el presidente y vicepresidente de la República, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte, el fiscal general del Estado, el Defensor del Pueblo, el contralor general, el subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Solicitó que la investigación se desarrolle “aplicando siempre el principio de la inocencia presunta”, mencionando que su cliente “ha ejercido siempre sus responsabilidades de magistrado judicial en estricto acatamiento y cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y legales vigentes en la materia, habiendo construido una reputación de honestidad y trabajo en sus largos años de servidor público, razón por la cual insistimos en el pedido de que se respete escrupulosamente su dignidad y buen nombre a lo largo de todo procedimiento”.

El citado magistrado está en la mira por presunto prevaricato, ya que habría ordenado el secuestro de automóviles de clientes de la referida playa de vehículos a pesar de que jurisdiccionalmente no le correspondía, ya que los casos ocurrieron en ciudades de central, como Lambaré y Limpio, según las denuncias, y el juzgado donde presta servicio se encuentra en Presidente Hayes.

En una de las causas donde estaría involucrado, las fiscalas Yrides Ávila y Lourdes Bobadilla, fueron recusadas y actualmente la causa está con el fiscal Eugenio Ocampos, quien lo citó a declarar con fecha 17 de diciembre.

Camacho fue defensor del diputado Rubén Roussillón, sobreseído definitivamente por el juez Ferreira, en el caso del desvío de G. 42 mil millones de la Gobernación de Presidente Hayes, donde el exgobernador Oscar Núñez, fue condenado a 11 años de cárcel y actualmente guarda prisión.

El Observador