Tras la presentación de los fiscales Patricia Sánchez, Natalia Silva y Hernán Galeano, el magistrado dispuso la reapertura de la causa y convocó a las partes para la audiencia. El proceso se encontraba con un sobreseimiento provisional solicitado por el Ministerio Público.

Los acusados son Bernabé Peralta Antúnez, Juan Aristides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia, Venancio Díaz Escobar y Viviana María Brioschi Capurro.

La causa fiscal refiere que, tras las elecciones del 19 de diciembre de 2019 en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, inicialmente se confirmó el triunfo del Movimiento Acción y Servicio (MAS) y sus autoridades asumieron sus cargos.

No obstante, luego el Tribunal Superior de Justicia Electoral anuló parcialmente el proceso electoral, ordenó excluir del padrón a municipalidades morosas y dispuso la realización de nuevas elecciones.

Pese a la nulidad de las elecciones y al vencimiento de sus mandatos, los acusados continuaron ejerciendo funciones y percibiendo remuneraciones entre los años 2020 y 2024. Según la acusación, cobraron dietas, gastos de representación y bonificaciones que no estaban legalmente autorizadas, ocasionando un perjuicio económico a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Solo en concepto de dieta el perjuicio económico total para la Caja es de G. 2.808.195.680, en concepto de dinero que no debían percibir personas que no estaban legitimadas, ya que las elecciones habían sido anuladas y en consecuencia todos los actos consecutivos que prosiguieron al mismo.

Además, se sostiene que los acusados se autoasignaron beneficios mediante resoluciones internas, percibiendo montos que superaban los límites establecidos legalmente. También se señala que uno de los consejeros habría recibido simultáneamente remuneraciones por su cargo y haberes jubilatorios, configurando un doble cobro prohibido por la normativa vigente.