La Fiscalía solicitó desvincular a todos los procesados de la causa, cuya investigación fue por lesión de confianza, exacción, usurpación de funciones públicas y prevaricato.

Los involucrados son Ricardo Núñez, hermano del senador Bachi Núñez, Raúl Silva, Carmen Alonso, Osmar Mongelós y el actual diputado Rubén Rousillon, quienes en su momento integraron el Consejo de Administración de Conajzar.

La causa surgió tras una denuncia presentada por un grupo de legisladores, en relación a la reducción del 50% del canon en concepto de explotación de juegos de suerte o de azar para el periodo de marzo a mayo del año 2020 a favor de las empresas, argumentando la situación de la pandemia de la COVID-19.

Además, también se investigó el beneficio a la empresa TDP SA. con la
adjudicación y concesión para la explotación del juego de azar denominado «Quiniela». Así también, la autorización a la firma I-CROP S.A. de la nueva modalidad de explotación de juegos
de azar con intervención en la operación de máquinas electrónicas – tragamonedas.

No obstante, el Ministerio Público concluyó que no existe conducta penalmente relevante y que no se dan los presupuestos para presentar una acusación.

Los fiscales alegaron que las disminuciones realizadas por la CONAJZAR se encontraban avaladas por otros organismos del Estado, como la Procuraduría General de la República y Abogacía del Tesoro. Esto permitió concluir que la conducta no se enmarca en el hecho punible investigado.

En ese sentido, el pedido remarca que la decisión adoptada por la CONAJZAR fue considerada viable por la Procuraduría, teniendo en consideración las medidas de urgencia aplicadas en el contexto de la pandemia.