A pedido del fiscal Silvio Corbeta, una vez más la justicia puso a conocimiento del órgano legislador la solicitud de desafuero, que ya había sido comunicada en diciembre del 2023 y en marzo del 2024. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso dictaminó ya en marzo del año pasado a favor del desafuero del legislador colorado, pero el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR) sigue «cajoneando» el pedido.

El no desafuero de Samaniego impide que las causas penales en su contra puedan avanzar, puesto que existe un obstáculo legal. Recientemente, miembros de las organizaciones civiles Somos Anticorrupción (SAPY) y la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentaron una nota ante Diputados para exigir dicho desafuero, resaltando que así corresponde en derecho.

LA CAUSA. El fiscal Silvio Corbeta acusó y pidió juicio oral para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), esposa del legislador colorado, y para otras 13 personas que habrían conformado un esquema que produjo un importante perjuicio patrimonial al Municipio.

Según el Ministerio Público, además de haber desviado fondos por Gs. 1.108.599.918 para construir su lujosa vivienda en Asunción, el ex intendente de Quyquyhó y actual diputado, Esteban Samaniego, pagó directamente de fondos municipales a sus familiares y a su guardaespaldas a través de la efectivización de cheques que le redituaron en provechos económicos indebidos por Gs 338.595.000.

Corbeta detalla que, de acuerdo a los elementos de convicción recabados, entre los años 2011 al 2017, Esteban Samaniego,
como representante legal, ordenador de gastos, y administrador general de la comuna, realizó actos administrativos como el libramiento de cheques que implicaron una disposición patrimonial.

En este caso, suscribió cheques que significaron una erogación directa de los recursos municipales a su entera disposición los cuales fueron destinados directamente para su beneficio propio y familiar, quienes colaboraron consigo en la obtención indebida a través de la efectivización de los mismos, que le redituaron en provechos económicos indebidos por valor de Gs 338.595.000, a través de los pagos de sumas de dinero dispuesto directamente desde las cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento de la citada comuna (Royalties, Fonacide, Juegos de Azar, recursos propios) a sus familiares y a su guardaespaldas.

«De esta manera, se tiene por acreditado que Esteban Samaniego Álvarez, electo como Intendente de la ciudad de Quyquyhó, del Dpto. de Paraguarí, periodo 2010-2015 y del 2015 renunciante en 01/2018, obtuvo este provecho económico indebido porque el mismo se aprovechó de su calidad de administrador de la comuna para desviar el dinero de las Ctas. Municipales a favor suyo, de su cónyuge Patricia Adriana Corvalán, de su madre Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, de su cuñado Damián de Jesús Galarza, y de su guardaespaldas y custodio personal Cristhian Daniel Domínguez, quienes contribuyeron en la producción del resultado típico consistente en la obtención de beneficios indebidos, con la efectivización de estos cheques provenientes de la cuentas de la Municipalidad», refiere la acusación.