Las millonarias inversiones las hizo luego de ser magistrada del Juzgado de Paz de La Encarnación, donde se detectó el esquema criminal para una estafa masiva a través de juicios fraudulentos. Llamativamente, entre el 2021 y 2024, la jueza donó 5 valiosas propiedades a Ramona Martínez, quien sería su empleada doméstica.

“Del análisis integral efectuado a los bienes inmuebles vinculados a la señora Analía Cibils Miñarro, se ha identificado un patrón operativo caracterizado por la adquisición sucesiva de inmuebles, la ejecución de obras de construcción de significativa envergadura -en algunos casos, incluso bajo el régimen de propiedad horizontal- y la posterior transferencia gratuita de algunos de estos activos, mediante actos de donación a favor de terceros, especialmente a una misma beneficiaria recurrente (Rosa Martínez, quien sería su empleada doméstica)”, señala la Contraloría en el documento que también fue enviado a la Corte Suprema, que había suspendido a Cibils, a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Estas operaciones patrimoniales, observadas en múltiples propiedades, entre ellas las ubicadas en Asunción y Ñemby, se desarrollan en periodos reducidos de tiempo, sin evidencia de ingresos declarados en los formularios impositivos remitidos por la administración tributaria, que permitan justificar financieramente el origen de los fondos utilizados para dichas adquisiciones y edificaciones”, agrega el documento del ente contralor.

“Resulta particularmente relevante que, tratándose de inmuebles con construcciones de alta inversión, la señora Analía Cibils, proceda sistemáticamente a su transferencia sin recibir contraprestación económica alguna, configurando con ello un proceso reiterado de descapitalización total de activos que no encuentra respaldo en su capacidad financiera previamente declarada. Cabe recordar, que, en su última declaración jurada, correspondiente al año 2019, la declarante reportó un patrimonio neto de G. 445.135.568, monto notoriamente inferior al valor de una sola de las inversiones analizadas”, añade el informe.

“En consecuencia, el conjunto de estas operaciones expone la existencia de patrones de movimientos patrimoniales atípicos, con uso de recurso no determinado, ausencia de trazabilidad financiera y carencia de racionalidad económica desde el punto de vista del retorno de inversión”, resalta Contraloría.

“En concordancia con el análisis de flujo de efectivo presentado previamente, en el cual se advierte un déficit sostenido en la capacidad financiera de la declarante frene a las inversiones verificadas, el conjunto de estas operaciones revela un patrón de movimientos patrimoniales atípicos, sustentados en recursos de origen indeterminado”, añade el documento.

El Observador