Benítez mencionó que, en la primera reunión del primer día en que cumplió funciones como ujier, a puertas cerradas, Cibils le mostró y le advirtió que se tenía que seguir tal cual el sistema, bajo la amenaza de que podría irse del juzgado si no acataba sus órdenes.

«Cuando yo comencé, la Dra. Analía me cobraba 35% de todo lo recaudado, lo cual me puso una persona que me tenía que controlar; hasta cuando yo me iba al baño le tenía que pasar informe, que es de nombre Cosme Molinas», declaró.

Por su parte, Antúnez sostuvo que, a diferencia de los otros ujieres, cuando llegó le puso un porcentaje «elevadísimo» que era del «70 a 30». «Y ella no me permitía tener el trato justamente con los abogados por el hecho de que ella ya conocía el sistema; a ella se le rendía cuenta de qué se le traía, cómo se le traía y en qué cantidad se le traía», sostuvo.

Estos datos, que los mismos aportaron previamente al Ministerio Público, fueron tenidos en cuenta para solicitar que sean beneficiados con salidas alternativas. No obstante, el juez se opuso y ahora la Fiscalía General deberá resolver si ratifica el pedido o si solicita que vayan a juicio.