El juzgado de garantías admitió en su totalidad la acusación del Ministerio Público, que fue ratificada durante la audiencia preliminar. Los hechos acusados son tráfico ilícito, en su modalidad “Traficar y suministrar”, de la Ley 4036/10 “De Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos y accesorios y afines”, y producción y uso de documentos no auténticos.

La causa inició cuando la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), actualmente DIGEMABEL, a través del Centro Nacional de Rastro de Armas (CENARA), realizó dos verificaciones en la empresa importadora Carros Vía Chile S.A. los días 12 de febrero y 22 de marzo de 2024, en el marco del control para la renovación de su registro de importación solicitada por su representante legal Estela Colmán Otazú.

En dichas verificaciones se constató el faltante de 198 armas de fuego que, según los registros oficiales, debían encontrarse en los depósitos de la empresa.
Las armas faltantes consistían en 24 rifles HUSAN ARMS modelo MKA556 calibre .223 y 174 pistolas HUSAN ARMS modelo MKA919 calibre 9 mm.

En la primera verificación estuvo presente el acusado Pablo César Colmán Benítez, quien indicó que las armas habían sido vendidas a la casa comercial Caza y Pesca 19 de Marzo, propiedad de Celso Rubén Vera Portillo, y presentó copias de facturas para respaldar dicha versión. Sin embargo, se determinó que DIMABEL nunca autorizó la comercialización ni el transporte de esas armas y que las facturas no estaban registradas ante la autoridad tributaria, ni como ventas de Carros Vía Chile S.A. ni como compras del supuesto adquirente.

Asimismo, se comprobó que la casa comercial Caza y Pesca 19 de Marzo no se encontraba operativa en las fechas consignadas en las facturas y que su titular posee antecedentes penales por el extravío de armas y una orden de captura internacional. En paralelo, mediante cooperación técnica con la Policía Federal del Brasil, se informó la incautación en territorio brasileño de cuatro rifles pertenecientes al lote de armas faltantes, importadas por Carros Vía Chile S.A., mientras que las otras 194 armas permanecen con paradero desconocido.

Se constató además un desfasaje cronológico entre la emisión de las facturas y la recepción formal de las armas por la empresa importadora, así como el uso de facturas con timbrado vencido, que habrían sido completadas posteriormente. El Ministerio Público sostiene que Estela Colmán Otazú, Pablo César Colmán Benítez y Fredy Orlando Benegas Garay habrían facilitado y utilizado dichas facturas con el fin de simular operaciones de venta inexistentes y inducir a error a la DIMABEL.

Durante allanamientos realizados el 25 de setiembre de 2025, se incautó documentación relevante, incluyendo facturas originales vinculadas a las supuestas ventas. También se acreditó que Fredy Orlando Benegas Garay era una persona autorizada para realizar trámites ante la DIMABEL, participó en verificaciones, retiros de armas y solicitudes de permisos, y contaba con conocimiento suficiente de los procedimientos administrativos.