La agente argumentó que existe un cúmulo de diligencias solicitadas por las defensas de varios de los imputados, por lo que consideró pertinente realizarlas y que varias de ellas se encuentran aún sin contestaciones. Asimismo, están pendientes varias solicitudes de informes a entidades financieras e instituciones públicas, lo que obligó a solicitar la prórroga ordinaria de dos meses.

La causa es en relación a Soria y los imputados Miguel Ángel Báez Soria, Martín Luis María Lezcano Villalba, Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto, Sergio Marcos Rodríguez Escobar, Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibíades Gamarra Morel y Eladio Figueredo. La imputación es por supuesto cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero.

El proceso guarda relación con supuestos pagos irregulares y pedidos de dinero para que la institución provea un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi), que permite la importación de productos.

Según la imputación, los cobros indebidos oscilaban los G. 10.000.000, que eran exigidos como condición para autorizar la expedición de cada certificado imprescindible para la importación de productos frutihortícolas considerados de “rubros sensibles”, como tomates, papas y cebollas.

Los importadores habrían recibido llamadas y visitas tanto de funcionarios del SENAVE, como de terceros ajenos a la institución; quienes tenían acceso y conocimiento de todos los datos que los importadores consignaban en la Ventana Única de Importador (VUI) al momento de solicitar las AFIDI, según la Fiscalía.