La decisión fue tomada en Sala de Sesiones para "asegurar la continuidad institucional del Gobierno Municipal, conforme a las disposiciones legales vigentes".

La designación se da tras la denuncia pública de la concejal Mirta Dávalos, quien afirmó un presunto ofrecimiento de G. 100 millones atribuido a Luis Guillén para influir en la elección de su pareja Perla Franco como intendenta interina y cometiendo el delito de presunto cohecho, penado por el Art. 300 del Código Penal.