A partir del 17 de octubre, el JEM podrá analizar la apertura de una investigación o un enjuiciamiento a la magistrada.

La juez penal de garantías Isabel Bracho dispuso la realización de una prueba pericial psicológica destinada a evaluar la credibilidad de los testimonios de dos menores implicados en una causa por presunto abuso sexual, una medida que generó un fuerte debate sobre el interés superior del niño y la idoneidad de ese tipo de diligencias en etapas tempranas del proceso.

La resolución, que según habría sido impulsada por un oficio con alcance sobre ambos testimonios, provocó la inmediata reacción de la parte querellante, que calificó la medida de “no solicitada por la Fiscalía” y advirtió que la pericia podría vulnerar el debido proceso y revictimizar a los niños. Fuentes señalaron que la decisión fue interpretada por la querella como una diligencia extraordinaria que debería solicitarse y articularse con protocolos especializados para la atención de víctimas infantiles.

La controversia se profundizó cuando la magistrada, aparentemente, terminó por suspender o revocar parcialmente los efectos del oficio que ordenaba el test de credibilidad, en medio de críticas públicas y planteos de reposición por parte de la querella. Ese giro procesal muestra la tensión entre la potestad del juez para ordenar pruebas y las exigencias de protección y reserva que rigen en causas con víctimas menores de edad.

Especialistas en psicología forense recuerdan que las pruebas periciales sobre “credibilidad” son un instrumento técnico delicado; su utilidad probatoria existe, pero su aplicación exige peritos con formación específica, protocolos que eviten la revictimización y la integración de la pericia dentro de un conjunto probatorio más amplio como entrevistas judiciales grabadas, informes médicos y psicosociales. La doctrina advierte además sobre los límites de los tests de credibilidad y los riesgos de interpretaciones erróneas por sesgos del evaluador.

La figura de la magistrada Isabel Bracho se encuentra en medio de un historial de cuestionamientos; en los últimos años la magistrada fue blanco de investigaciones y audiencias públicas por otras resoluciones polémicas, e incluso el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ha analizado su actuación en causas anteriores, lo que añade un contexto de sensibilidad pública a cualquier decisión de su despacho.

Desde la Fiscalía mencionaron que no constaba en principio una petición formal para ese test de credibilidad, por lo que el impulso de la diligencia quedó en el centro del reclamo: la defensa de la víctima advirtió que la pericia, si no se encuadra y ejecuta con protocolos especializados, podría interferir en la investigación y en la protección de los niños. Las partes esperan ahora la definición final del juzgado sobre la naturaleza, alcance y técnica de la prueba pericial, así como el eventual nombramiento de peritos acreditados en evaluación infantil y forense.

Las próximas actuaciones del juzgado definirán si la prueba pericial se concreta, qué metodología se empleará y qué salvaguardas se adoptarán para resguardar a las víctimas.