“Ya pasaron 20 años de mi acción y aún no hay una respuesta. Eso no es justicia, es un castigo a quien no se subordinó al poder”, expresó con firmeza el exagente del Ministerio Público.

Silva cuestionó que causas similares e incluso posteriores a la suya ya fueron resueltas por la Corte Suprema, mientras su expediente sigue estancado, sin siquiera contar con integración plena para dictar sentencia. Recordó que más de un centenar de urgimientos han sido presentados sin obtener respuesta y lamentó que “parece que esperan que uno fallezca para recién reivindicar su derecho conculcado arbitrariamente”.

El exfiscal también confirmó que su caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se notificó al Estado paraguayo en el año 2022. Rechazó los intentos de acuerdo planteados por el Gobierno, por no satisfacer sus pretensiones en materia de reparación y dignidad. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

Silva rememoró los nombres de varios exministros de la Corte que integraron el tribunal cuando inició el proceso, como Sínforiano Blanco, Alicia Pucheta y César Garay, denunciando que el expediente fue sistemáticamente apartado del estudio y hasta objeto de maniobras procesales irregulares. Afirmó que se alteraron registros de ingreso del expediente y que todo esto fue denunciado en sesiones plenarias del máximo tribunal.

“El sistema judicial paraguayo tiene un grave déficit”, sentenció Silva, agregando que “cuando uno no se subordina ni complace al poder político, es castigado con el silencio institucional”. Finalmente, sostuvo que la falta de respuesta por parte del Estado podría derivar en una sanción internacional que obligue a Paraguay a indemnizarlo. “Están destruyendo mi vida personal y profesional y eso es responsabilidad de quienes debían proteger los derechos”, concluyó.