El ex presidente del Indert, Justo Cárdenas, que había sido intimado para presentarse a cumplir con su sanción penal, cuya captura se había ordenado, se presentó el último miércoles, pasado el mediodía, a la oficina de guardia al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional.

Esto fue informado al juez de Ejecución, Carlos Mendoza, quien finalmente tuvo por iniciado el cumplimiento de la pena, levantó la orden de captura, determinó el cómputo final del tiempo que debe estar recluido, a más ordenar que el mismo sea examinado por el Organismo Técnico Criminológico.

Según el juez, Justo Pastor Cárdenas Núñez, compurgará su pena privativa de libertad de siete años, el 5 de noviembre de 2031. Además, tendrá derecho a solicitar su salida transitoria el 5 de noviembre de 2027 y su libertad condicional a partir del el 5 de enero de 2029, fecha en que cumplirá las dos terceras partes de la condena.

Respecto al Organismo Técnico Criminológico, deberá examinar al condenado y proponer el establecimiento apropiado para su reclusión y/o la sección dentro del establecimiento respectivo; a más del tratamiento específico recomendable para el proceso de reinserción del condenado sea este psicológico, psiquiátrico, médico, estudio, trabajo, etcétera. Esto deberá ser remitido al Juzgado en el plazo máximo de 45 días.

Justo Cárdenas, en juicio oral, el 24 de febrero de 2021, había sido condenado a cuatro años de cárcel. La entonces fiscala Natalia Fuster apeló la resolución, por lo que el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, anuló parcialmente el fallo y dispuso el reenvío para que se determine nuevamente la pena.

Finalmente, en el segundo juicio oral, el 25 de setiembre del 2023, los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo, le aplicaron 7 años de cárcel, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Al realizar la determinación del tiempo que ya estuvo recluido, el juez citó que Cárdenas tuvo prisión preventiva el 3 de diciembre del 2018 hasta el 14 de agosto del 2019. Luego, desde esta última fecha, arresto domiciliario hasta el 22 de octubre del 2020.

Con ello, cumplió un año, diez meses, dos semanas y cinco días, en reclusión por el proceso, más otros dos días en el departamento judicial, lo que deben restarse de los 7 años. De esta manera, la pena va a ser compurgada el 5 de noviembre del 2031, según el juez.

En el caso, en el juicio se comprobó que se enriqueció ilícitamente dentro de la función pública, “ocultando sumas de dinero, provenientes de un hecho antijurídico, integrando capital social tanto a su nombre como al de su madre e hijos, disimulando la procedencia y la adquisición de inmuebles”, según la fiscalía.

En total, fueron unos G. 2.644 millones los que el ex titular del Indert no puede justificar.