El caso estuvo vinculado a la rendición de cuentas sobre materiales notariales administrados desde el año 1999.

La investigación se había iniciado tras la denuncia formulada el 15 de febrero del año 2024 por exdirectivos de la entidad, quienes cuestionaban que la nueva comisión se allanara el 21 de mayo del 2021, a una demanda civil de rendición de cuentas promovida por la Corte Suprema de Justicia y, con ello, reconociera una deuda histórica surgida de la venta de materiales notariales.

Durante un año de diligencias, la Fiscalía concluyó que ni el allanamiento parcial en el juicio civil ni la actuación de Gaona, quien contaba con poder especial, configuraron dolo ni perjuicio patrimonial tipificado en el art. 192 del Código Penal. Consideró que las decisiones cuestionadas fueron “opciones jurídico-administrativas válidas” en un litigio heredado de gestiones anteriores.

La Corte Suprema reclama al CEP 70% del producido por los materiales notariales desde 1999, monto que, tras pericias e impugnaciones, la Justicia civil estableció en Gs. 40.455 millones, más intereses. Esa condena fue confirmada en segunda instancia y quedó firme en el 2023, pese a una acción de inconstitucionalidad promovida por la directiva sucesora de Miller Donna. Con la vía penal clausurada, el caso se centra ahora en el cumplimiento del fallo civil y en eventuales responsabilidades administrativas internas, ya que la Contraloría detectó incumplimientos en la rendición de cuentas del CEP durante al menos una década.