La validez del título universitario del senador cartista Hernán Rivas saltó a la luz pública luego de que la exsenadora Kattya González (independiente) y el diputado Raúl Benítez (independiente) en octubre del 2023 solicitaran al senador oficialista, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que esclarezca como obtuvo su título de abogado o bien su renuncia al cargo.
Este tema generó tensiones dentro del Senado que tiempo después forzaron a que Rivas pida permiso como miembro titular del JEM. De hecho, una de las versiones extraoficiales que circuló en su momento apuntaba a que las investigaciones impulsadas por González sobre este tema habrían sido un factor que “colmó el vaso” dentro del oficialismo y derivó en su destitución.
La exsenadora Kattya González (independiente) en una de sus tantas presentaciones ante la Corte.
Tras el sobreseimiento definitivo de Rivas, González cuestionó duramente el fallo y sostuvo que: “Para la ‘justicia’ paraguaya Rivas es abogado”. Según su análisis, la resolución judicial no solo cierra el caso del legislador cartista, sino que abre la puerta a una validación generalizada de títulos irregulares.
Un precedente “nefasto” con alcance masivo
La exlegisladora fue más allá al advertir sobre las consecuencias del fallo e indicó que el Paraguay está jodido: “Este precedente es nefasto y sus consecuencias son expansivas como una bomba nuclear, porque acaban de blanquear no solo a Rivas sino a todos los títulos “mau” expedidos o vendidos o comprados de esas universidades de garage".
“Este fallo protege a Rivas y a los políticos que compraron status académico fingiendo ser profesionales pero deja desprotegida y a su suerte a toda nuestra sociedad que estará a merced de un abogado que empeñe tu libertad, a un médico que te corte la pierna equivocada, a un profesor que no enseña y así hasta el infinito. El Paraguay está jodido con esta brutal impunidad y protección política”, indicó.
González también criticó el razonamiento jurídico que, a su criterio, deja sin herramientas al sistema judicial: “No se puede castigar la producción falsa del documento por una supuesta prescripción que el fallo no calcula y transparenta, pero tampoco se puede perseguir el uso de ese documento; porque al no poder investigar si es falso o no, por ‘duda razonable’ o ‘falta de certeza’ sos profesional (médico, abogado etc)”.
Y resumió su postura con una frase contundente: “Es una locura este país”.
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