Según el documento, la denuncia se sustenta en informaciones de público conocimiento difundidas días antes, que refieren a la presunta transferencia de una vivienda social por un monto aproximado de USD 160.000.

Miranda argumenta que el inmueble, al formar parte del patrimonio estatal, tendría carácter inalienable sin el cumplimiento previo de los procedimientos legales de desafectación, lo cual –según sostiene– no se habría realizado en este caso.

El escrito también advierte sobre posibles irregularidades en el ámbito patrimonial, señalando que tanto el bien como el dinero obtenido de la operación no habrían sido incluidos en las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría General de la República. Este punto podría ampliar el espectro de la investigación hacia eventuales inconsistencias en la información patrimonial declarada por la legisladora. En cuanto a la calificación jurídica provisoria, el denunciante menciona que los hechos podrían adecuarse a tipos penales, como lesión de confianza, evasión de impuestos y declaración falsa, todos contemplados en el Código Penal Paraguayo.

No obstante, se aclara que la tipificación definitiva dependerá del avance de la investigación fiscal y de los elementos que logren recabarse.

DILIGENCIAS. Como parte de las diligencias solicitadas, se requirió al Ministerio Público oficiar a Itaipú Binacional para determinar la titularidad y situación legal del inmueble; solicitar informes a la Contraloría sobre las declaraciones juradas correspondientes, y recabar datos de la Dirección General de los Registros Públicos. Estas medidas buscan esclarecer si existió o no una transferencia irregular de un bien estatal.

Miranda también tiene 22 denuncias contra el ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, así como también 10 denuncias contra el ex intendente Javier Zacarías Irún.

• El bien, por su carácter de vivienda social y por integrar el patrimonio de Estado, sería inalienable. Celso Kelembu Miranda, ex concejal