Hoy el mismo partido que construyó este agujero pretende presentarse como salvador. Y ahí aparece la primera contradicción: ninguna solución favorable al pueblo puede venir de sus propios verdugos. Quienes durante años maltrataron el sistema, lo manipularon y lo utilizaron con fines electorales, difícilmente sean los que lo reparen pensando en la ciudadanía. La historia reciente demuestra lo contrario.

Reformar sí, pero no de cualquier manera. Una reforma de esta magnitud debe hacerse en consulta con los sectores afectados: jubilados, funcionarios, docentes, policías, personal civil. No puede decidirse entre cuatro paredes por congresistas que buscan defender sus propios privilegios. Mucho menos intentarse a espaldas de la gente. El intento de avanzar durante el receso parlamentario no fue un detalle técnico: fue una señal clara de los oscuros intereses que rodean el proyecto. Cuando una reforma se quiere hacer a escondidas, es porque no beneficia a la mayoría.

La desconfianza no es gratuita. En campaña, Santiago Peña fue categórico. En una entrevista con ABC Color en 2022 aseguró textualmente: “En mi gobierno no se van a tocar los beneficios de quienes hoy están en el sistema, ninguna de las cajas, sea de los policías, maestros o personal civil”. Hoy, esas palabras chocan de frente con los hechos. Promesas que se desvanecen apenas se asume el poder. Mentiras en campaña a un pueblo cansado de promesas incumplidas, que resultan aún más graves viniendo de un economista y exministro de Hacienda que conoce perfectamente la situación fiscal.

El problema no es solo técnico, es profundamente político. Durante décadas se usaron las cajas como herramientas de control, favores y acomodos. Se administraron sin transparencia, sin planificación y sin responsabilidad. Ahora se pretende que la ciudadanía pague la cuenta de ese desorden histórico. Una vez más, los costos recaen sobre quienes nunca tomaron las decisiones.
Paraguay necesita una reforma real, seria y sostenible. Pero una reforma que nazca del diálogo, de la transparencia y del respeto a quienes están dentro del sistema. No una imposición apurada, diseñada para tapar agujeros fiscales y garantizar privilegios de siempre. No una reforma hecha por quienes crearon el problema.

Reformar la caja fiscal es urgente. Pero hacerlo sin memoria, sin consulta y sin responsabilidad sería repetir la misma historia. Y el país ya está demasiado cansado de pagar los errores de los mismos de siempre.