Los ministros del máximo tribunal, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, a cargo de la sala penal de la Corte, dejaron por escrito que la estrategia de la defensa era una "apelación de la apelación", una maniobra imposible en el sistema jurídico paraguayo. Por lo tanto, Kueider y Guinsel Costa irán a juicio oral y público por tentativa de contrabando en abril.

En concreto, los abogados de la pareja, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo buscaban tumbar la acusación de la Fiscalía para lograr el sobreseimiento, pero la apelación ya había sido desestimada por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, cuya decisión sería confirmada también por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal.

Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia.

CSJ

A pesar del pedido de los abogados de cambiar la carátula del caso, el Ministerio Público se mantuvo en su posición de tentativa de contrabando. Kueider y Guinsel cayeron durante un procedimiento de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) mientras cruzaban el Puente de la Amistad -que une Ciudad del Este, en Paraguay, con Foz de Iguazú, en Brasil-, y desde entonces están bajo arresto domiciliario en un dúplex de Asunción.

Sobre el exsenador entrerriano y su pareja existen dos causas paralelas: una por tentativa de contrabando por intentar ingresar a Paraguay por la frontera con más de USD 211.000, 3.900.000 pesos y G. 640.000 sin declarar. Ahora se exponen a una condena por tentativa de contrabando, que tiene una pena máxima de dos años y medio de cárcel.

Los ministros del máximo tribunal dejaron por escrito que la estrategia de la defensa era una 'apelación de la apelación', una maniobra imposible en el sistema jurídico paraguayo

La otra causa corre en el Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, por lavado de dinero. De acuerdo a la magistrada, Kueider y Guinsel conformaron dos empresas, Betalil SA y Edekom SA, para darle cierta apariencia legal a operaciones económicas con dinero ilícito. Pero los acusados, según la ley paraguaya, deberán concluir primero su proceso judicial en el país antes de ser extraditados a la Argentina.

La pareja rechazó el beneficio de la extradición abreviada ante el juez de Garantías, Rolando Duarte, quien avanzó con la audiencia e impuso el arresto domiciliario en su domicilio del barrio San Vicente, si bien ambos llevan tobilleras electrónicas. La extradición a Argentina queda en stand by, ya que los acusados podrían recibir una sentencia de entre seis meses a dos años y medio, que deberán cumplir en Paraguay.