La orden judicial, firmada por el magistrado Alexandre de Moraes, fijó una audiencia el 3 de noviembre en Río para que Castro responda interrogantes concretos, como el número oficial de muertos y heridos, el informe detallado de la operación, las medidas adoptadas para asistir a las víctimas, entre otros.

En tanto, el Supremo busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.

Fuente: amp.dw.com