“La Fiscalía no puede actuar como un garrote y no puede venir a amedrentar a ciudadanos que levantan la voz. Justamente por la cantidad enorme de ciudadanos que fueron sometidos durante la cuarentena, muchos ciudadanos fueron apretados en las barreras policiales y fiscales, que les pelaban y le decían que no tenían ningún permiso para circular y ahí le sacaban la plata”, expresó Grassi.

Comentó que en caso que sean condenados tendrían una pena que iría entre dos a tres años o multa, por otro lado, también les ofrecieron una salida procesal que consistía en donar alimentos no perecederos por un monto que oscilaba los G. 3 millones.

Manifestó que no aceptaron la salida procesal ya que eso implicaría que admitió un delito y dejaría un precedente negativo. “No podemos admitir eso porque ayer nos limitaban el derecho a manifestarnos, después nos limitaron el derecho a trabajar y mañana nos van a cortar la circulación y otros derechos, por eso nos jugamos”, enfatizó.