El tribunal estimó el recurso de la artista contra la resolución de la Agencia Tributaria, y anuló las liquidaciones y sanciones impuestas al considerar que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Se trata de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España, después de que este mismo mes un juzgado de Barcelona archivase la segunda causa penal que la cantante Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros (7 millones de dólares) al fisco en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones pidieran que se cerrara la investigación.

«Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto», ha manifestado la cantante en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal.