Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Yerko Nuñez (Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Presidencia), Luis Fernando López (Defensa) y Álvaro Coimbra (Justicia) son los otros ministros alcanzados por la orden, lo mismo que ex miembros del alto mando militar como el almirante Palmiro Jarjuri, Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Mendieta.

“La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.”, expresó Áñez a través de su cuenta de Twitter, en la que también adjuntó la denuncia en su contra.

El ex presidente y candidato presidencial en los comicios de 2020, Carlos Mesa, se expresó en la misma línea. También a través de sus redes dijo que el país está “en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras”.

“Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del FRAUDE, se amnistían y pretenden ser víctimas”, dijo.

En concreto, la causa acusa a los ex funcionarios de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Son prácticamente los mismos delitos que, durante su tiempo en el poder, los entonces funcionarios le achacaron a Evo Morales y por los cuales en diciembre de 2019 se ordenó la detención del ex presidente.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Esa medida fue anulada en octubre de 2020, una semana después de que Luis Arce, delfín de morales, se impusiera por amplia diferencia en las elecciones presidenciales del país andino. No obstante, en ese entonces el juez de la causa aclaró que ello no implicaba que la investigación cesaría.

Desde su renuncia a la presidencia, Morales siempre argumentó que había sido víctima de un golpe de Estado. El hecho tuvo lugar después de que un informe de la Organización para los Estados Americanos (OEA) asegurara que se habían cometido irregularidades en en el proceso electoral celebrado en el mes de octubre, lo que desató una ola de protestas contra el mandatario.