En primer lugar, el legislador habló sobre el testimonio de la docente del MEC, Liz Prieto, quien retiró un microondas por un valor total de G. 1.000.000, pero sufrió un embargo salarial superior a G. 200.000.00.

“Desde el principio encontramos casos insólitos, cuentas de un millón que llegaron a setenta u ochenta millones, gente de pueblos indígenas con demandas multimillonarias en Asunción, por haber comprado por ejemplo un colchón. Excede todo lo que uno puede imaginar, es algo increíble”, subrayó el senador.

En la misma línea, enfatizó que un embargo salarial no puede superar el 25% del salario, o en casos extremos, hasta un 50%, cifra la cual es superada con facilidad en el marco del esquema de “la mafia de los pagarés”.

Como una posible explicación a este escenario, indicó que no necesariamente se trata del “desconocimiento” de la víctima, sino que se instalaron una serie de mecanismos para perpetuar este sistema.

“Te meten demandas en diferentes juzgados, entonces van notificaciones diferentes a las empresas y recursos humanos no hacía la verificación. Además, te ponen una serie de obstáculos al reclamar, fotocopias de cédula, te pedían abogados”, lamentó Filizzola.

Finalmente, manifestó que se encuentran trabajando en el Congreso una posible salida a esta situación, con el objetivo de “sentar las bases” y evitar que este tipo de episodios se repitan en el futuro.