La fiscalía federal estadounidense alegó en una acusación el 27 de noviembre que dos miembros de alto rango del Real Cuerpo de Policía de las Bahamas (RBPF) y un oficial militar bahameño formaban una red de tráfico de cocaína, junto con otros 10 ciudadanos bahameños y colombianos.

Desde al menos mayo de 2021, funcionarios corruptos del Gobierno y fuerzas de seguridad de Bahamas han facilitado la llegada de cargamentos de cocaína a los aeropuertos de las numerosas islas del país, según la acusación. Los cargamentos llegaban en vuelos chárter desde Colombia, Venezuela y otros lugares del Caribe. 

A continuación, los acusados permitían que lanchas rápidas, yates y buques cargados de cocaína salieran de Bahamas con destino al cercano estado costero estadounidense de Florida. A cambio, los funcionarios recibían o planeaban recibir sobornos de los traficantes que oscilaban entre US$10.000 y US$2 millones.

“El aumento del flujo de cocaína a través de las Bahamas ha sido un resultado directo de la corrupción alimentada por las drogas que ha infectado a varias instituciones bahameñas”, declararon los fiscales en la acusación. “Estos funcionarios corruptos de la RBPF y del gobierno de Bahamas apoyan en todo momento el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”. 

La acusación subraya que la estrecha relación entre Bahamas y entidades estadounidenses como la DEA y la Guardia Costera fue clave para hacer posible la trama de tráfico.

Uno de los acusados compartió información confidencial de los guardacostas estadounidenses con los traficantes para ayudarles a evitar ser detectados, según la acusación. Los fiscales también acusaron a los funcionarios de la RBPF de facilitar a la DEA información falsa y negarles el acceso a la cocaína incautada. 

La acusación desató una polémica política en Nassau, la capital de Bahamas, que alcanzó su punto álgido el 4 de diciembre. Mientras los manifestantes anticorrupción se congregaban frente al parlamento, en el interior, el partido de la oposición fue expulsado de una sesión parlamentaria después de que uno de sus miembros arrojara un objeto ceremonial por la ventana. Ese mismo día, el primer ministro, Philip Davis, anunció la dimisión del comisario de la RBPF, Clayton Fernander, aunque no estaba directamente implicado en la conspiración. Davis nombró un sustituto para Fernander, pero los medios de comunicación locales informaron que su selección aún no ha sido confirmada.

Las dudas sobre la implicación de los políticos en el esquema se ven alimentadas por una sección de la acusación en la que uno de los acusados de la RBPF pedía un soborno de US$2 millones a nombre de un “político bahameño de alto rango”, que la acusación no nombraba, a cambio de “facilitar y asegurar los envíos de cocaína”. 

La DEA y la Guardia Costera declinaron hacer comentarios. La RBPF no respondió a las solicitudes de comentarios.

InSight Crime