Según un estudio del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), en el año 2020, cerca de 19 millones de hectáreas fueron apropiadas en el Amazonas brasileño. Gran parte de estas tierras fueron legalizadas de manera fraudulenta por los denominados grileiros (o "ladrones de tierra"), quienes invaden terrenos para deforestarlos y luego venderlos a terceros inversores.

De acuerdo con dicho estudio, los grileiros aprovechan el Catastro Ambiental Rural (CAR) de Brasil. Mediante este registro, los ocupantes de las tierras que aún no han sido designadas para un uso en particular, como la minería, o como un parque nacional, pueden reclamar dichas tierras como suyas, sin importar si hacen parte de la selva amazónica.

Una vez apropiadas, estas tierras se destinan principalmente a la ganadería extensiva y el monocultivo de productos como la soya, además de actividades ilegales como la tala y la minería, según reportó el medio Mongabay en 2019.

Según un informe escrito por investigadores del IPAM y otros expertos en 2020, unos 50 millones de hectáreas de selva amazónica permanecen en el limbo, en tanto el gobierno espera definir a quién pertenecen y con qué propósito se utilizarán.

De estas, 11,6 millones de hectáreas han sido registradas ilegalmente como propiedad privada.