En rigor, el MOPC mantiene una deuda de aproximadamente US$ 225 millones con las constructoras, a los que se suman cerca de US$ 110 millones en concepto de intereses. El volumen de deuda no tiene precedentes recientes y genera una situación límite para las empresas, que enfrentan compromisos financieros con bancos, proveedores y subcontratistas: una suerte de tormenta perfecta.

El impacto de la crisis, de hecho, ya se traslada al mercado laboral. De acuerdo con datos del sector, la fuerza laboral en la construcción cayó de 300.000 a 245.000 trabajadores, lo que representa la pérdida de más de 50.000 empleos en los últimos meses. La reducción responde directamente a la menor actividad y a la suspensión o ralentización de obras.

El presidente de Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, explicó que el MOPC mantiene la deuda a pesar de las promesas de pago y la opción del factoraje. Además, Heisecke calificó como lamentable que algunas empresas estén convocando a sus acreedores.

"Con respecto a la convocatoria acreedores, eso es cierto. Para nosotros es lamentable que esté ocurriendo eso y nosotros seguimos con nuestro reclamo. Creemos que es justo y que son reclamos que aparecen en nuestros contratos. Solamente pedimos y exigimos que se cumpla el contrato, nada más que eso", apuntó a LPO.

La contracción de la actividad entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026 refleja un freno significativo en uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo. La disminución de proyectos en ejecución y la incertidumbre financiera limitan nuevas contrataciones y provocan desvinculaciones.

Para nosotros es lamentable que esté ocurriendo eso y nosotros seguimos con nuestro reclamo. Creemos que es justo y que son reclamos que aparecen en nuestros contratos. Solamente pedimos y exigimos que se cumpla el contrato, nada más que eso

Además, la falta de pagos afecta toda la cadena productiva, incluyendo a proveedores de insumos, servicios y mano de obra. La situación obliga a reestructurar operaciones, postergar inversiones y priorizar el cumplimiento de obligaciones inmediatas, es decir, un trastorno para el sector que el Gobierno había prometido privilegiar al comienzo de mandato.

El recurso a la convocatoria de acreedores se presenta como una alternativa legal para reorganizar pasivos y evitar un deterioro mayor de la situación financiera. En paralelo, el sector insiste en la necesidad de mecanismos que permitan canalizar recursos en el corto plazo y sostener la actividad.

Los gremios suplican al Gobierno que intervenga en la negociación con los bancos para establecer tasas de interés más accesibles, de modo a evitar que el costo financiero agrave la situación de las empresas. El acceso al crédito se presenta como una herramienta clave para sostener las operaciones mientras se aguarda la regularización de los pagos.

LPO