Las denuncias por trata de personas registraron un fuerte incremento en Paraguay durante 2025. Según datos del Ministerio Público, las causas ingresadas por este hecho punible pasaron de 67 en 2024 a 99 en 2025, lo que representa un aumento cercano al 48%. La cifra coloca a la trata entre los delitos que requieren una atención sostenida de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y protección de las víctimas.

El crecimiento de las denuncias no significa, por sí solo, que la cantidad real de casos de trata haya aumentado en la misma proporción. Se trata de causas que llegaron al Ministerio Público y que fueron registradas para investigación. Sin embargo, el incremento constituye una señal relevante sobre la magnitud del fenómeno y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos para detectar situaciones de explotación y facilitar que las víctimas o su entorno puedan denunciarlas.

Los registros fiscales muestran además una marcada vulnerabilidad de las mujeres. En el balance correspondiente a 2024 y 2025, el Ministerio Público señala que el 76% de las víctimas de trata fueron mujeres. La problemática también afecta a niñas, niños y adolescentes: en los últimos cinco años fueron registradas 139 víctimas menores de 18 años, tanto en casos de explotación sexual como laboral.

La trata no se limita a un único mecanismo de explotación. La propia Fiscalía contempla entre las modalidades denunciables la explotación sexual y laboral, así como la captación y traslado de personas dentro o fuera del país con fines de explotación. Esto explica por qué las investigaciones pueden involucrar redes que operan en Paraguay y también estructuras con conexiones internacionales.

Paraguay enfrenta además una particularidad: una parte importante de las investigaciones se origina en hechos que trascienden las fronteras nacionales. El Ministerio Público ha señalado que muchas causas son impulsadas mediante cooperación internacional y operativos conjuntos destinados a detectar redes y rescatar a víctimas paraguayas en otros países.

El problema no es nuevo. Un análisis elaborado por el Ministerio Público sobre el período 2019-2024 identificó 392 causas por trata de personas y mostró que una parte de las investigaciones correspondía a hechos ocurridos dentro del territorio nacional, mientras otras estaban vinculadas con casos detectados internacionalmente. El estudio también advertía sobre las dificultades para identificar a todos los involucrados en las redes criminales y sobre el temor de las víctimas a revelar información sobre sus explotadores.

La dimensión del fenómeno obliga a mirar el dato de 2025 más allá del porcentaje. Una denuncia por trata no representa solamente una causa penal: detrás existe una persona sometida a mecanismos de engaño, coerción, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación. La respuesta estatal, por lo tanto, debe contemplar tanto la persecución de las redes como la atención integral y la protección de quienes logran salir de ellas.

La Fiscalía cuenta actualmente con mecanismos específicos para recibir denuncias, incluso mediante una plataforma que permite reportar casos de explotación sexual o laboral y situaciones de captación o traslado de personas con fines de explotación. El sistema también contempla la posibilidad de indicar si se requiere un rescate inmediato.

El aumento registrado en 2025 vuelve a poner el foco sobre un delito que suele desarrollarse de manera silenciosa y que puede operar mediante redes familiares, laborales, comerciales o transnacionales. El desafío para Paraguay no pasa solamente por aumentar el número de investigaciones, sino por lograr que la detección sea más temprana, que las víctimas tengan canales seguros para denunciar y que las estructuras responsables puedan ser desarticuladas.

Los 99 casos registrados el año pasado son, en ese sentido, una cifra que merece atención. Representan causas que llegaron al sistema de justicia, pero también pueden ser apenas una parte de una realidad que, por las propias características de la trata, permanece muchas veces oculta. La capacidad del Estado para identificarla antes de que la explotación se prolongue será una de las claves para medir la eficacia de su respuesta.