Al menos 14 empresas proveedoras de alimentos piden al fiscal general Emiliano Rolón que actúe de oficio ante los supuestos "pagos extra" que exigen las gobernaciones a cambio de entregar los cheques correspondientes al pago del servicio de Hambre Cero. Esta situación había sido reconocida por el senador Silvio "Beto" Ovelar en mayo, pero tanto los jefes departamentales como el Ministerio de Desarrollo Social salieron entonces a desmentirlo.

Según las firmas que ganaron los contratos para el programa estrella del Gobierno, el presupuesto para un millón de raciones ronda los G. 309 mil millones (unos 41 millones de dólares), de los cuales se les debita el 15% -cerca de 6,3 millones de dólares- para el pago de "cuotas".

La situación, esgrimen desde el sector, se agrava por los últimos aumentos registrados en alimentos y combustibles, lo que hace que los productos se encarezcan y el negocio se torne "inviable". El gremio apunta directamente a los gobernadores César "Landy" Torres de Alto Paraná y Denis Lichi de Cordillera, quienes han abonado el mes de abril y parte de mayo.

El presidente Santiago Peña.

Pero el mismo escenario se daría en el Guairá, donde las empresas denuncian que las "cuotas especiales" llegarían al 20% del presupuesto total por el servicio de provisión de alimentos, que oscila los G. 13 mil millones al mes. Es decir, los proveedores dicen destinar cerca de G. 2.760 millones mensuales en "comisiones". En Alto Paraná, la "cuota" se dispararía a G. 5 mil millones cada mes.

"El costo del almuerzo en Guairá, por ración, es de G. 13.229, al cual se le descuenta la cuota especial del 20% y solo queda Gs 10.583 por cada plato. Es imposible mejorar en calidad y peor ahora con el aumento del precio de la canasta. La cuota y los precios nos asfixian", dijo un proveedor del departamento que prefirió el anonimato por miedo a represalias.

Los empresarios del rubro aseguran que el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, les tiene amenazados con ejecutar la póliza a todos aquellos proveedores que aireen sus reclamos y amaguen con denunciar ante la justicia lo que describen como un "esquema que ahoga" a Hambre Cero. El programa alcanza hoy a más de 1.050.000 estudiantes en casi 7.000 escuelas de todo el país, como anunció Santiago Peña esta semana.

La Fiscalía debe poner el ojo en la trazabilidad de los desembolsos que se registran en los bancos de los gobiernos locales. Ahí está el detalle de las cuotas

Las empresas piden la intervención del Ministerio Público. "La Fiscalía debe poner el ojo en la trazabilidad de los desembolsos que se registran en los bancos de los gobiernos locales. Ahí está el detalle de las cuotas", explicó un empresario de Caaguazú.

Silvio "Beto" Ovelar.

Este esquema incluso fue expuesto por Ovelar, quien responsabilizó a los gobernadores de por poner en riesgo la continuidad de Hambre Cero debido "a la mano pesada" que obligaría a las empresas proveedoras a pagar comisiones que superan el 20% sobre lo facturado.

"Otros departamentos ponen en peligro el programa...ipo pohyi (mano pesada). Eso va a terminar y van a terminar en cacerolita (cárcel) porque ipo pohyi de más ma lo mitã (sobrepasaron todo)", sentenció el senador colorado.

El presidente del Consejo de Gobernadores, César "Cesarito" Sosa, habló entonces de una campaña política que buscaba instalar acusaciones infundadas contra las administraciones regionales y quebrar el nivel de confianza en torno al programa estrella del Gobierno de Peña. Pero las empresas siguen en pie de guerra y ahora amenazan con recurrir a la Fiscalía. 

Fuente: LPO