La auditoría también encontró graves irregularidades en la gestión de los oficiales de justicia Renato Sosa, Diego Riquelme, Liz Alonso, Miguel Torres, Irma Samaniego, Hugo Gauto, Paola Vargas, Oscar Frutos, Martín Núñez, Karen Cáceres, Osvaldo López y Antonio Palacios.

“Podemos observar por parte de los mismos, el incumplimiento de las disposiciones del Código de Organización Judicial en los expedientes verificados, en cuyas actas figura diligenciamiento de mandamientos, sin dejar constancia de la hora en la cual fue diligenciada, en contravención a la normativa”, refieren los auditores.

“Así también, hemos hallado que los informes de los mandamientos de intimación de pago y embargo diligenciados por el oficial de justicia Renato Sosa, si bien los mismos son considerados instrumento público y este órgano administrativo no puede analizar su contenido; su constitución en varias ciudades lejanas en un mismo día y hora podría ser considerados “noticia criminis””, enfatiza la auditoría y menciona a las empresas NEXO SA, BNF, Credi Efectivo, Credi Solución y otros.

El Observador