El procedimiento estuvo a punto de ser suspendido por una apelación de último momento, pero finalmente continuó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificara la ejecución.

Durante el intento, Pike habría permanecido consciente y, según los testigos que observaron el procedimiento desde una sala contigua, llegó a levantar la cabeza y preguntar a los funcionarios de la prisión si era normal que sintiera de determinada manera uno de sus brazos.

Los abogados de la condenada aseguraron además que Pike seguía con vida y roncaba de manera audible después de que las autoridades le administraran los fármacos.

Documentos presentados ante el tribunal señalan que los funcionarios utilizaron dos dosis de pentobarbital. Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, calificó el episodio como un caso «singular e inigualable».

Según Maher, existen antecedentes de al menos siete personas que sobrevivieron a problemas durante ejecuciones porque los equipos no lograron acceder correctamente a una vena. Sin embargo, afirmó que no se había registrado previamente un caso en el que una persona permaneciera con vida después de recibir los fármacos utilizados para una ejecución mediante inyección letal.

Los abogados de Pike sostuvieron que lo ocurrido confirmó varias de las advertencias que habían planteado antes del procedimiento: dificultades para encontrar las venas, ruptura de vasos sanguíneos, posibles problemas con el pentobarbital y falta de atención médica de emergencia disponible ante una complicación.

«No nos complace tener razón», señalaron en un comunicado.

Investigación y suspensión de ejecuciones

Tras el fallido procedimiento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación externa para determinar qué ocurrió y anunció la suspensión de las ejecuciones previstas en el estado durante este año.

«Ordené una revisión exhaustiva por parte de un tercero para determinar exactamente qué ocurrió», afirmó Lee.

El gobernador también sostuvo que la aplicación de una sentencia de muerte constituye una de las responsabilidades más graves del Estado y que los ciudadanos de Tennessee esperan que se lleve a cabo de una manera «legal y constitucional», pero también efectiva.

Fuente: Reuters