El clan Aranda perdió en todas las instancias judiciales el proceso contra José Benítez, quien de esta manera debe reasumir la presidencia del club, que le fuera despojada en base a denuncias que resultaron ser falsas. Recordemos que el año pasado, la Cámara de Apelaciones había confirmado el sobreseimiento definitivo del expresidente del 3 de Febrero, José Orlando Benítez Reyes, quien fue destituido del cargo en el año 2011, por un supuesto faltante de más de G. 1.400 millones.

En ese entonces, Benítez fue denunciado por apropiación y lesión de confianza, cuyo proceso se prolongó durante 11 años y culminó con la confirmación de la sentencia definitiva, dictada el 8 de junio del año pasado, declarando que no existió ningún faltante y que no cometió ninguna irregularidad. La resolución dispuso, además, que el Club 3 de Febrero debe pagar las costas del juicio que, según los datos, ascienden a G. 300 millones.

Ante la derrota en todas las instancias del ámbito jurídico, se aguarda ahora que la Justicia Electoral reponga en el cargo a José Benítez, ya que demostró ante el Ministerio Público y en juicio oral que no lesionó la confianza y tampoco se apropió de dinero alguno perteneciente al club. Actualmente, la presidencia de la entidad está siendo usurpada de manera ilegítima por Fabián Aranda, uno de los hijos de Antonio “Pelé” Aranda, cabeza visible del clan que se apoderó del 3 de Febrero desde el año 2011 y, desde entonces, viene manejando la institución como un boliche privado, mientras que, en lo deportivo, lo conducen “de fracaso en fracaso”.

MÁS PROBLEMAS JUDICIALES E IMPUTACIÓN FISCAL

Recordemos que en noviembre del año pasado, el fiscal Luis Trinidad Colmán había presentado imputación en contra de los exdirectivos del Club Atlético 3 de Febrero, Antonio Aranda Encina y Jorge Aquino, por la supuesta comisión del delito de desacato judicial.

La imputación se generó como consecuencia de la negativa de los exdirectivos del club en otorgar el título de propiedad de las butacas vitalicias a los socios. El acta de imputación indica que el 10 de mayo del 2017, varios asociados del Atlético 3 de Febrero presentaron en el juzgado una demanda ordinaria de obligación de hacer escritura pública contra la referida entidad deportiva. Los accionantes manifestaron que, como socios, adquirieron butacas vitalicias, pagando cada uno de ellos la suma de 2.000 dólares, conforme a los documentos que presentaron en la demanda.

Los demandantes señalaron que, tras el pago efectuado por las citadas butacas vitalicias, recibieron los carnés respectivos, firmados y expedidos por los representantes legales de Eventos y Construcciones SRL, empresa que explota el estadio.

Hasta el inicio de la demanda civil, los denunciantes solicitaron a los representantes de la citada empresa la expedición de título de propiedad de las butacas vitalicias, ya que les pertenece, según el contrato de construcción y explotación del estadio del Club 3 de Febrero y en cumplimiento del mandato otorgado a la comisión directiva en la asamblea general extraordinaria de fecha 18 de noviembre de 1998 y por la asamblea general extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2004, que resolvió la renovación del contrato de explotación y administración del escenario deportivo.

Todas las documentaciones fueron agregadas al expediente judicial y ante tales hecho, la magistrada Maricel Meaurio remitió varios oficios a los responsables del club, Antonio Aranda y Jorge Aquino (presidente y secretario en aquel entonces) para que remitan los informes respectivos, solicitando también la presentación de título de propiedad de las butacas vitalicias y ante la negativa de la entidad deportiva en contestar o enviar dichos informes, el juzgado remitió los antecedentes al ámbito penal y denunció formalmente el hecho.