Tras la indignante sesión realizada a mediados de octubre, en la que una amplia mayoría de los diputados rechazó la expulsión de Carlos Portillo (PLRA), Tomás Rivas (ANR) y Ulises Quintana (ANR), cuyas corruptelas ya son de sobra conocidas, la combativa abogada Esther Roa, de la Comisión de Escrache Ciudadano, instó al pueblo a salir a las calles para repudiar el abierto corporativismo en la Cámara Baja. Su oportuno llamado debería valer para todos los casos de fechorías individuales o grupales que se cometen en todo el aparato estatal y no solo en el Congreso. Es obvio que también se delinque con toda impunidad en los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como en las entidades descentralizadas, tales como las Municipalidades, las Gobernaciones, el IPS y las empresas públicas. Coincidentemente, otro grupo de escrachadores se presentó a demostrarle su repudio a la titular de Petropar, Patricia Samudio. Pero a juzgar por la forma impune en que actúan autoridades nacionales, legisladores y políticos para adoptar medidas en su exclusivo beneficio, en desmedro de las necesidades del pueblo, es evidente que se necesita una gran participación de la ciudadanía para expresarles su rechazo, con toda firmeza pero dentro de la ley.

Quienquiera que se esté enriqueciendo ilícitamente, según evidencias claras, debe recibir al menos una sanción pública de orden moral. Hay que señalar con el dedo a quienes actúan en la función pública en su propio beneficio y en el de sus allegados y clientelas, pues sería ingenuo confiar en que los agentes fiscales y los jueces cumplan siempre con sus respectivas obligaciones. Aparte de estar sometidos a los que mandan, también ellos están infectados en buena medida por el bacilo de la corrupción que socava así las bases mismas del Estado de derecho. En un país donde tanto los gobernantes como los gobernados fueran iguales ante la ley sancionada por personas honorables, sería innecesario que las víctimas se manifiesten frente a los domicilios de sus verdugos o que los centros comerciales les cierren sus puertas.

En las condiciones actuales del Paraguay, no queda otra opción sino que las personas decentes establezcan en torno a ellos una suerte de cordón sanitario, aislándolos para que no contaminen el ambiente. Pero más allá del castigo moral que se pueda infligir a los delincuentes, que hasta invocan la presunción de inocencia, el escrache también puede tener saludables efectos políticos, como ya ha ocurrido en algunos pocos pero significativos casos. José María Ibáñez, Víctor Bogado y Óscar González Daher habrían seguido enlodando sus escaños si la gente no les hubiera hecho sentir su desprecio. Más aún, es probable que los dos últimos ni siquiera habrían sido imputados por el Ministerio Público por delitos varios, si sus canalladas hubiesen sido sufridas en silencio. Y el clan Zacarías Irún seguiría haciendo de las suyas en la Municipalidad de Ciudad del Este.