Ante el deterioro financiero y las sospechosas adjudicaciones de tierras en el Chaco en zonas vinculadas al Corredor Bioceánico, los sindicatos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) piden al presidente Santiago Peña que destituya a su titular, Francisco Ruiz Díaz, y ya avanzan en conversaciones con Basilio "Bachi" Núñez y la senadora opositora Yolanda Paredes para conformar un bloque capaz de meter presión al Ejecutivo.

Ruiz Díaz es uno de los funcionarios más protegidos por Peña y ese blindaje, según admitió un alto dirigente del oficialismo en el Congreso a LPO, le ata las manos a la bancada de Honor Colorado, que no logra acelerar la reacción del Ejecutivo para concretar la salida del cuestionado secretario.

Entre los argumentos expuestos en un comunicado, los sindicatos del Indert sostienen que la situación financiera llegó a una instancia preocupante debido a la caída de la recaudación a menos del 50%. Según los datos que manejan, de los G. 65.000 millones que se recaudaban en períodos anteriores, hoy apenas ingresan cerca de G. 40.000 millones a las arcas de la institución.

"Existen atrasos en el pago de salarios y viáticos de técnicos que realizan trabajos en el terreno. También hay expedientes con respaldo técnico y jurídico que son revertidos por decisiones políticas sin sustento formal. A esto se suman conflictos de tierras, especialmente en Caaguazú, que hoy resultan preocupantes", detalló un miembro de uno de los sindicatos que, además, denuncian una persecución por parte de Ruiz Díaz ante los constantes pedidos de informes.

A esta tensión se suma la contratación de supuestos asesores con remuneraciones por encima del promedio establecido dentro de la institución. Todas estas denuncias fueron acercadas al presidente del Congreso, quien según relataron los sindicalistas en pie de guerra con Ruiz Díaz, reconoció en una reunión: "Si fuera por mí, este tipo estaría afuera del Indert, pero está blindado por Santiago Peña. No podemos hacer nada porque es del Gobierno".

Sin embargo, los gremios lograron el acompañamiento del senador cartista Juan Carlos "Nano" Galaverna para abrir canales de diálogo con congresistas de la oposición, entre ellos el senador Eduardo Nakayama, de línea independiente, y Paredes, de Cruzada Nacional.

Por su parte, Ruiz Díaz asegura ser víctima de una campaña de persecución impulsada por sectores que buscarían quedarse con unas 60.000 hectáreas en el Chaco, donde está prevista la construcción del Corredor Bioceánico, tierras que supuestamente pretendían ser vendidas a empresas privadas.

Pero los dirigentes sindicales aseguran que el Indert se convirtió en una "bomba de tiempo", no solo por las irregularidades administrativas denunciadas, sino también por la presunta persecución a funcionarios técnicos. De hecho, los gremios no descartan la paralización de actividades en los próximos días.

LPO